miércoles, 12 de mayo de 2010

Los medios de difusión y la reforma administrativa de 1976

Cuando las principales firmas mundiales en el ramo eléctrico invaden el nuevo mercado de la radiodifusión encuentran en México un obstáculo: la ley callista de comunicaciones eléctricas prohíbe a los extranjeros obtener concesiones para instalar estaciones emisoras. Su mercado de aparatos receptores hace entonces un compás de espera, hasta que un elemento nacional obtiene el permiso para continuar con una línea publicitaria instaurada en los Estados Unidos.

La hegemonía del capital privado en la radiodifusión y la coyuntura política en que esta industria surge, han desembocado en la creencia generalizada de que las funciones de radio y televisión son informar, entretener y divertir, como indica la fuerza de la costumbre desde hace medio siglo.

Al asumir la presidencia de la república, el lince. López Portillo encuentra que los medios de información masiva audiovisuales están distribuidos en seis secretarias de estado:

1.- Gobernación: encargada de vigilar el contenido de las transmisiones comerciales.

2.- comunicaciones y transportes: autorizada para otorgar concesiones a particulares y difundir las transmisiones gubernamentales.

3.- hacienda y crédito publico: dedicada a cobrar diversos impuestos a los concesionarios.

4.- educación publica: capacitada para extender certificados de aptitud a locutores, para manejar las escuelas radiofónicas, el canal 11 y radio educación.

5.- salubridad y asistencia: dedicada a autorizar la propaganda comercial y a participar.

6.- trabajo y previsión social: como productora de programas de televisión a través del consejo nacional de cultura y recreación para los trabajadores.

A escasos meses del inicio del gobierno de José López Portillo es precipitado asegurar que la función formal asignada a los medios en la reforma administrativa se llevara a cabo en la práctica durante los próximos seis años.

En la ley que regula la reorganización de la administración publica federal, encontramos cuatro secretarías de estado relacionadas con los medios de información masiva. Dos de ellas ejerciendo funciones de control y las dos restantes con una participación secundaria.

Entre las primeras, se encuentran la secretaria de gobernación, encargada de vigilar el contenido de las transmisiones y de administrar las estaciones radiodifusoras y televisoras pertenecientes al ejecutivo federal, así como de encausar las relaciones de las entidades paraestatales correspondientes con el poder ejecutivo.

Aparece la secretaria de programación y presupuesto, elegida para controlar y vigilar financiera y administrativamente la operación de los organismos descentralizados, institucionales, corporaciones y empresas que manejen, posean y exploten bienes y recursos naturales de la nación.

Es un hecho que el contenido de los mencionados medios dista mucho de tener una relación con los objetos de la educación formal, ya que esta determinado por las necesidades mercantiles de grupos industriales o financieros, que ya sea como emisores, anunciantes o publicistas, determinan la calidad de los mensajes trasmitidos.

El 21 de abril de 1977 se le retiro a la secretaria de educación publica la facultad de examinar las publicaciones y revistas ilustradas para declarar su licitud o ilicitud a través de una comisión calificadora que hoy controla la secretaria de gobernación.

A la secretaria de comunicaciones y transportes se le había confiado tradicionalmente los medios masivos audiovisuales. Ahora tras la reforma administrativa, se le asigna únicamente el aspecto técnico de las emisoras y el otorgamiento de concesiones y permisos.

El año de 1960 se inicia con una buena nueva para los industriales de radio y televisión: existe ya una ley federal diseñada a su gusto. Se constata con esto el proyecto al aborto del proyecto gubernamental inicial, que pretendió restringir los privilegios del monopolio radiofónico y televisivo.

Esta ley federal, subsiste en el primer año de del gobierno de lince. López Portillo y garantiza plenamente el carácter comercial de la radiodifusión mexicana.

A partir de 1970 el estado se propone consolidar, junto con el grupo alemanista y el de monterrey, un monopolio cultural. Por otra parte es visible que la rama publicitaria, sostén de las industrias de radio y televisión, el país es un magnifico proveedor de ganancias para las corporaciones globales que manejan, entre otras cosas, agencias de publicidad, lo que se traduce en una desinversión interna y en una discordancia con los requerimientos internos de acumulación. Para evitar esto se elaboraron una serie de proyectos para manejar estatalmente la publicidad de las empresas gubernamentales criticados por la empresa privada.

El gobierno de Echeverría se enfrenta a las necesidades de readecuar la actuación política de empresarios nacionales y extranjeros, de agudizar las formas de control político para con las clases trabajadoras y de ampliar su base social de apoyo interno.

En este proceso los medios de información masiva juegan un papel relevante desde la campaña presidencial, en que se inicia una investigación critica al papel que han jugado radio y televisión en la sociedad mexicana.

Se gestan las primeras emisiones estatales. Surgen programas diferentes, con personalidad propia. Se comienza a hacer efectivo el tiempo fiscal; el estado diseña programas especiales a insertar en el tiempo de las estaciones privadas.

En agosto de 1975la secretaria de trabajo y previsión social se lanzo la convocatoria para la celebración de la convención del contrato ley de la rama industrial de radio y televisión.

Con el contrato ley se establece una uniformidad en las condiciones de trabajo de toda la industria radiofónica nacional.

Solo pueden solicitar la celebración de un contrato de este tipo los sindicatos que representan a las dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados. Se recurrió al sindicato mas numeroso y mas antiguo: el STIRT (sindicato de trabajadores de la industria de radio y televisión), constituido en 1947, pero no representa por si solo a las dos terceras partes, por lo que se le pidió al SITAT (sindicato industrial de trabajadores y artistas de la televisión) constituido en 1955 para que secundara la solicitud del primero.

Saldrá beneficiado aquel sector a quien la central obrera mas fuerte del país decida privilegiar.

Con el establecimiento del contrato ley y con las nuevas responsabilidades que se le confiere al viejo líder de los trabajadores de radio y televisión ante el senado y ante el partido gubernamental, el estado posee un nuevo instrumento para negociar con los industriales.

Los medios de difusión masiva en los años setenta*

Si ha habido una palabra para caracterizar el periodo que concluyo, esta ha sido la de crisis. Crisis en todos los órdenes. En la producción, en el trabajo, en la educación, en el campo, en la ciudad, en la pareja, en la persona.

La crisis de la cultura nacional, en gran medida provocada por los medios de difusión masiva.

En los años ochenta resulta ya imposible hacer un análisis de los medios de difusión masiva sin hacer referencia a su incidencia en la cultura nacional.

a 30 años de establecida la televisión no puede dejarse de lado los estudios sobre educación, consumo, recreación, en pocas palabras, es ya un elemento completamente puesto en la vida cotidiana.

Se puede afirmar que de manera general, tanto la prensa, como la radio y la televisión, contribuyeron durante la década pasada a la acumulación monopólica de capital, a la reducción de los conflictos políticos y a la imposición de patrones culturales.

La relación de los medios de difusión con la acumulación de capital se da a través de la ventana de tiempo o espacio para insertos publicitarios.

1970: marca el inicio de una etapa distinta en la historia de los medios de difusión, en especial la de los electrónicos. A partir de ese año son visibles las medidas concretas por parte del estado para participar en la industria radiofónica después de una prolongada ausencia de tres décadas. Con cárdenas se había cerrado la etapa del estado emisor en los medios audiovisuales, con excepción del cine. Pese a que la televisión se inauguró en 1950, el divisionario michoacano hizo intentos para instalarla en las oficinas del PNR en 1935.

1970: señala el comienzo de la participación estatal de radio y televisión.

2 de mayo de 1972: se publica el decreto que posteriormente dará vida a televisión rural de México, organismos del estado creado para producir televisión específicamente destinada para áreas rurales.

Julio de 1972: todos los funcionarios públicos relacionados por ley con la radio y la televisión dan conferencias de prensa en las que condenan el funcionamiento de los medios electrónicos y anuncian la creación de una nueva ley, que altere sustancialmente el régimen de concesiones.

Resultado: ante la posibilidad de que los proyectos gubernamentales comiencen a instrumentarse, las dos empresas privadas concesionarias de los canales comerciales, tele sistema mexicano y televisión independiente de México se fundan en una sola sociedad anónima: Televisa. Somex compra el canal 13, con lo que surge un canal paraestatal.

4 de abril de 1973: la anunciada y esperada ley federal de radio y televisión se reduce a un reglamento que no altera el sentido de la ley en 1960.

21 de septiembre de 1974: el diario oficial publica un decreto que anuncia la cancelación de 37 series televisivas de este tipo.

Octubre de 1974: se prepara un nuevo proyecto de ley tendiente a fortalecer la posición gubernamental en los medios de difusión audiovisuales, el presidente Echeverría declara en el primer encuentro nacional de la comunicación auspiciado por Televisa que no solo son malos los programas violentos si no toda la televisión.



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